El Tribunal Supremo de España se encuentra en el centro de una controversia tras abrir una causa inédita contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Esta acción surge a raíz de una filtración a la prensa de un correo electrónico que involucra a la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En el correo, González Amador admitía delitos fiscales y proponía un acuerdo con la Fiscalía. La situación ha desatado una tormenta política, con el Partido Popular exigiendo la dimisión de García Ortiz, a quien acusan de utilizar su posición para debilitar a la oposición. Sin embargo, el caso es complejo y está envuelto en acusaciones de desinformación y manipulación mediática.
La génesis del caso remonta a marzo, cuando la Fiscalía de Madrid denunció a González Amador por fraude fiscal, lo que provocó su imputación. Frente a esto, Ayuso lanzó un contraataque mediático, apoyado por su equipo, que propagó la versión de un supuesto pacto político. El diario «El Mundo» reprodujo parte de esta narrativa, aunque los hechos indican que fue González Amador quien originalmente intentó un pacto con la Fiscalía. La tensión escaló cuando el Colegio de Abogados de Madrid y el propio González Amador denunciaron a la Fiscalía por revelación de secretos, cuestionando la publicación de una nota de prensa aclaratoria de la Fiscalía. No obstante, el Supremo ha descartado que el comunicado oficial implicara tal revelación, centrando ahora su atención en quién filtró los correos, una cuestión que sigue siendo un enigma con muchas aristas y actores involucrados.
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