El despacho Equipo Económico (EE), fundado por el exministro Cristóbal Montoro, se encuentra en el centro de una supuesta trama de corrupción que ha despertado el interés de la Fiscalía Anticorrupción durante más de una década. La firma es acusada de haber utilizado sus conexiones en el gobierno del Partido Popular para influir en decisiones ejecutivas y legislativas en favor de sus clientes, quienes habrían contratado sus servicios para obtener ventajas en políticas y regulaciones económicas. Una serie de investigaciones, incluyendo una querella archivada en 2019 y una investigación en curso en Tarragona, han desvelado un presunto modus operandi donde EE intermediaba para empresas que querían influir en decisiones gubernamentales, especialmente en sectores como el energético y el de las renovables.
Tras años de investigación, el caso ha ganado nuevo impulso con la decisión de un juzgado de Tarragona de levantar el secreto de sumario e imputar a 28 personas, incluido Montoro. Las pesquisas sugieren que la firma cobraba grandes sumas de dinero a cambio de su capacidad para cambiar marcos legales a través de contactos con el alto gobierno. Aunque una primera querella fue archivada por falta de pruebas, las investigaciones recientes, apoyadas por nuevas denuncias y evidencias encontradas durante registros a empresas, refuerzan las acusaciones de que EE operaba como un lobby que superaba con creces las labores de asesoría empresarial, utilizando su influencia en la administración para beneficiar económicamente a sus clientes.
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