La inspectora que ha acusado por agresión sexual al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, está viviendo una situación traumática tras haberse revelado su identidad dentro de los círculos policiales, según detalló su abogado Jorge Piedrafita. La víctima ha sido objeto de un aluvión de mensajes y llamadas desde que trascendió la querella, generándole ansiedad y temor por posibles represalias, motivos por los cuales decidió solicitar amparo judicial en vez de policial. La denuncia, que fue conocida por el Ministerio del Interior recientemente, detalla que González agredió sexualmente a la agente en su vivienda oficial y la sometió posteriormente a acoso para que guardara silencio. En medio de la controversia, la víctima ha recibido apoyo de algunos colegas, aunque su identidad y la información sobre el caso han circulado en grupos de WhatsApp, afectando su bienestar emocional.

El caso ha desencadenado una serie de reacciones políticas y administrativas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido blanco de críticas por parte de la oposición, específicamente del Partido Popular, que exige su dimisión si se confirma que no brindó suficiente protección a la denunciante. Marlaska se ha defendido afirmando que desconocía los detalles del caso y ha indicado que solo renunciaría si se demuestra que la Policía no protegió adecuadamente a la víctima. Por otro lado, Gemma Barroso, quien asumió interinamente el cargo de directora adjunta operativa tras la dimisión de González, ha sido destacada por tratar el caso con sensibilidad. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha anunciado que ofrecerá protección policial a la agente denunciante, en respuesta a las peticiones de su abogado para garantizar su seguridad. El desenvolvimiento del caso sigue bajo la atenta mirada pública y política, mientras se acerca el momento en que González deba comparecer ante la justicia.

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