En un esfuerzo por abordar la actual crisis migratoria, las delegadas del Gobierno en Ceuta y Melilla tienen programadas reuniones cruciales con los respectivos gobiernos autonómicos y la Fiscalía para finalizar los detalles de los traslados de menores migrantes no acompañados. Estas reuniones se producen tras la asignación de las comunidades autónomas a las que los menores serán reubicados, conforme a los procedimientos establecidos.
El Gobierno de España, en su compromiso por gestionar adecuadamente la situación, ha completado los procesos administrativos necesarios para la reubicación de estos menores que han llegado a las costas de Ceuta, Melilla y Canarias, tras la reciente declaración de contingencia migratoria. Este esfuerzo se enmarca en el Real Decreto Ley 2/2025, que modifica la Ley de Extranjería.
Una reunión presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, marcó el inicio de esta iniciativa. En ella participaron responsables gubernamentales de diversas áreas, asegurando una coordinación eficaz. Las delegadas de Ceuta y Melilla, junto a una serie de altos funcionarios, delinearon las acciones a seguir, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional.
En Canarias, donde se registró la llegada del primer menor tras la contingencia el 11 de septiembre, se aspira a realizar un encuentro similar. Este paso forma parte de un enfoque más amplio para gestionar eficazmente el flujo migratorio en la región.
El Real Decreto Ley propone dos mecanismos específicos para la reubicación de menores. Uno para los llegados tras la declaración de contingencia, con un plazo de 15 días; y otro para los que ya residían en los territorios afectados, con un periodo de cuatro meses.
A lo largo de las últimas semanas, continuas reuniones de coordinación y seguimiento han permitido avanzar en los trámites necesarios. Estos incluyen la inscripción de los menores en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados por la Policía Nacional, la determinación de la comunidad de destino, y la comunicación pertinente con la Fiscalía.
Este proceso busca no solo garantizar un traslado eficiente y organizado, sino también asegurar el bienestar de los menores, integrando la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno en España.
Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.
