La situación de violencia en Colombia se intensifica con la reactivación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, buscando el control del territorio y el mercado de la droga. Este resurgimiento guerrillero ha dejado un saldo de más de 80 muertos y ha obligado a desplazarse a decenas de miles de personas, con la Defensoría del Pueblo reportando 32.000 desplazados, la mayoría en Cúcuta, Norte de Santander. En respuesta a esta crisis, el presidente colombiano Gustavo Petro ha decretado el estado de conmoción interior y emergencia económica, desplegando 5.000 efectivos. Paralelamente, se han reactivado las órdenes de captura contra los negociadores de paz del ELN tras la suspensión del diálogo, poniendo en evidencia un colapso en la política de paz del gobierno.
Mientras tanto, la situación en la frontera con Venezuela añade una capa extra de complejidad. Nicolás Maduro ha militarizado la frontera, enviando 2.000 efectivos y cerrando puentes internacionales clave con Colombia, en un contexto de relaciones binacionales deterioradas tras el rechazo de Petro a reconocer a Maduro en las últimas elecciones. Además, Venezuela ha llevado a cabo importantes ejercicios militares que involucran a 150.000 efectivos. Estos movimientos no solo reflejan un intento de controlar la situación en la frontera, sino también pueden interpretarse como una maniobra para desviar la atención sobre la cuestionada legitimidad de Maduro. La tensión en esta región estratégica, vital para el tráfico de coca y migración, subraya la capacidad del ELN como un instrumento político en la balanza de poder entre las dos naciones.
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