La seguridad ha emergido como el tema central de la reciente campaña electoral en Ecuador, impulsado por el deterioro de la situación delictiva en el país. En noviembre de 2023, tras asumir el poder, el presidente Daniel Noboa implementó el Plan Fénix, un programa inspirado en las políticas de mano dura que caracterizan al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Este plan incluyó la declaración de un «conflicto interno no internacional», la militarización del país, la construcción de megacárceles y un aumento en las detenciones de presuntos delincuentes. El contexto de inseguridad, alimentado por la presencia de pandillas y carteles mexicanos, ha obligado a las autoridades a responder con severidad, lo que ha polarizado la opinión pública y puesto a prueba las instituciones nacionales.
No obstante, el Plan Fénix ha generado debate al respecto de su eficacia y del costo social que implica. Los excesos cometidos por la fuerza pública han suscitado críticas nacionales e internacionales, especialmente tras el horrendo asesinato de cuatro niños, un caso que conmocionó al país y que permanece sin explicaciones por parte del presidente Noboa. La violencia en Ecuador ha alcanzado niveles históricos, con 731 homicidios solo en enero de este año, superando ampliamente las cifras de años anteriores. Mientras tanto, la candidata de izquierda Luisa González también propone un enfoque de mano dura pero exige una investigación sobre los abusos cometidos. Según InSight Crime, tanto Noboa como González podrían precipitar una crisis mayor, con un aumento de la violencia en 2025 debido a la fragmentación de pandillas y el auge de economías ilegales. Estos desafíos plantean serias interrogantes sobre el futuro de la seguridad y las políticas públicas en Ecuador.
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