El Senado español está próximo a aprobar una nueva ley que transformará considerablemente el sector de la hostelería y la gestión del desperdicio alimentario en el país. La Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario ha sido ya validada por la cámara baja y busca mitigar el volumen de alimentos desperdiciados, un problema que en 2022 se tradujo en que cada hogar español desechó, en promedio, 65,5 kilos o litros de comida y bebida. Esta normativa no solo afectará a los hosteleros, sino a toda la cadena de valor alimentaria, así como a los consumidores, quienes tendrán que adaptar sus prácticas para cumplir con los nuevos estándares. Las reglas contemplarán medidas severas, incluyendo la posibilidad de imponer multas de hasta 500.000 euros a empresarios que no cumplan con las regulaciones estipuladas. Además, la ley promueve prácticas como la reutilización de alimentos no consumidos en restaurantes, permitiendo que los clientes se lleven las sobras a casa sin coste adicional, incentivando la donación de excedentes para apoyar a los más necesitados.
En un esfuerzo por reducir el impacto ambiental y social del desperdicio alimentario, la normativa se enfoca en cambiar prácticas de producción, manipulación y consumo, abogando por la sensibilización y la educación en relación al manejo de productos frescos perecederos y no perecederos. La ley también estipula que las grandes superficies de hostelería, con más de 1.300 metros cuadrados, estarán obligadas a donar alimentos excedentes. Una enmienda reciente establece un tipo impositivo del 0% para las donaciones realizadas por entidades sin fines de lucro, promoviendo así el consumo responsable y la redistribución de los recursos. Los objetivos principales del proyecto son minimizar la huella ambiental del despilfarro, optimizar los recursos disponibles y asegurar la eficiencia y competitividad del sector productivo, contribuyendo a una economía más sostenible y equitativa.
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