La magistrada ha decidido proceder con acción penal contra dos altos funcionarios de la Demarcación por presuntas irregularidades en un proyecto de senda costera realizado en 2012. Los implicados son el jefe de servicio de proyectos y obras de la demarcación, junto con el director de obras del mencionado proyecto, quien también ostenta el cargo de jefe del departamento. Este avance en el caso ocurre tras un largo proceso de investigación para desentrañar las posibles malas prácticas administrativas y de construcción asociadas al desarrollo de la senda, que ha estado bajo escrutinio por costos exorbitantes y presuntos incumplimientos en las normativas de ejecución.

Las acciones legales emprendidas han reavivado las críticas sobre la transparencia y el control en las obras públicas dentro del organismo, estableciendo un precedente inquietante para otros funcionarios que ocupan puestos clave en la toma de decisiones. Sin embargo, la defensa de los acusados ha señalado que las acciones se encuentran dentro de lo estipulado por las regulaciones vigentes en aquella época, asegurando que demostrarán su inocencia a medida que avancen los procedimientos judiciales. El caso sigue generando reacciones diversas entre la clase política y la opinión pública, quienes exigen una revisión exhaustiva de los procesos de licitación y seguimiento de obras para evitar futuras irregularidades.

Leer noticia completa en El Mundo.