En el pequeño pueblo de Cabezabellosa, un grupo de residentes ha decidido permanecer en sus hogares a pesar de las órdenes de desalojo emitidas por las autoridades locales debido a riesgos ambientales inminentes. Estos ciudadanos, en su mayoría agricultores y ganaderos, argumentan que dejar sus tierras significaría perder sus medios de subsistencia, ya que dependen de sus cultivos y del cuidado de sus animales para sobrevivir. La comunidad se ha organizado para reforzar su resistencia y ha solicitado el apoyo de grupos ecologistas y de derechos humanos con el objetivo de visibilizar su lucha y proteger su modo de vida.
Las autoridades, por su parte, defienden la medida de desalojo aludiendo a estudios que advierten sobre el peligro de deslizamientos de tierra, incrementado por eventos climáticos extremos. Sin embargo, los habitantes de Cabezabellosa cuestionan la urgencia e incluso la veracidad de estos informes, acusando a las autoridades de tener intereses económicos ocultos tras el desalojo. Mientras tanto, la situación sigue siendo tensa, con debates que reflejan una profunda división entre el deseo de proteger la seguridad pública y la preservación de comunidades rurales históricas que enfrentan el avance de políticas estatales.
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