A tres meses del devastador paso de la dana que golpeó la provincia de Valencia, los efectos del desastre natural aún son palpables en 89 municipios afectados. Con un saldo trágico de 224 vidas perdidas y la destrucción de bienes por un valor estimado de 17.000 millones de euros, la recuperación se presenta como un desafío monumental para la comunidad y las autoridades valencianas. Las recomendaciones de expertos sugieren una respuesta rápida, una planificación a largo plazo y una confianza sólida en las instituciones, requisitos que lamentablemente no se están cumpliendo. La lentitud en la llegada de ayudas y la descoordinación gubernamental han generado desconfianza entre los ciudadanos, quienes evocan precedentes históricos, como el Plan Sur, financiado con esfuerzo por la población local, para cuestionar si las medidas actuales serán suficientes para evitar un estancamiento económico prolongado en la región.
Mientras tanto, la respuesta de la sociedad civil ha sido ejemplar, con miles de voluntarios desplazados a las zonas afectadas para ayudar en las tareas de limpieza. Aunque la solidaridad mostrada fue impresionante, se vio limitada por la falta de recursos materiales y la necesaria cooperación institucional. En este escenario adverso, el sector privado ha emergido como un motor crucial para la recuperación. Iniciativas individuales y colectivas, como las de los chefs y empresarios José Andrés, Juan Roig y Amancio Ortega, han canalizado millones de euros para mitigar daños y reactivar la economía local. Programas como Alcem-se! y SoliDANA han ofrecido financiación y recursos a negocios y personas afectadas, mientras que compañías grandes han invertido en fondos de ayuda con préstamos y asesoramiento estratégico para reflotar empresas. Estas acciones reflejan una determinación comprensible por parte de la sociedad para superar la tragedia, pese a la falta de un apoyo institucional eficaz y coordinado.
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