En San Diego, un creciente descontento se está manifestando en contra del contrato con Flock Safety, una empresa de tecnología que ha implementado un sistema de lectores automáticos de matrículas (ALPR) asistido por inteligencia artificial en la ciudad. Este sistema, destinado a rastrear el movimiento de los vehículos, ha sido objeto de críticas por parte de la TRUST Coalition, una alianza compuesta por organizaciones como la Electronic Frontier Alliance, Tech Workers Coalition San Diego y techLEAD.
La TRUST Coalition insta al concejo municipal a desmantelar este programa, argumentando que la vigilancia masiva que supone la captura de matrículas no ha demostrado ser eficaz para prevenir el crimen y, por el contrario, puede ser utilizada en detrimento de la privacidad de los ciudadanos, especialmente de aquellos pertenecientes a grupos marginados. Según señalan, esta práctica inhibe la libre expresión y representa una amenaza potencial para los derechos civiles.
A pesar de las restricciones locales y estatales que limitan la comunicación de estos datos con agencias federales, se ha reportado que los cuerpos policiales locales han compartido información con entidades como Investigaciones de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza. Además, ha habido acusaciones de que las fuerzas del orden han utilizado ALPR y sistemas de vigilancia en eventos como Comic-Con y Pride sin la debida aprobación del concejo municipal, lo que contraviene regulaciones locales.
El tema ha captado la atención del San Diego Privacy Board, que también ha recomendado a la ciudad declinar el uso de esta tecnología. La implementación del sistema de ALPR representa un costo significativo, estimado en más de 3.5 millones de dólares el año pasado.
La TRUST Coalition está movilizando a la comunidad a través de una campaña activa que incluye una petición, presencia en redes sociales y un llamado a la ciudadanía para que contacte a sus representantes locales. El objetivo es claro: poner fin al contrato con Flock Safety y redirigir los recursos hacia servicios públicos esenciales que realmente beneficien a los residentes de San Diego.
