En México, el intento de exonerar al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, pone en jaque al gobierno de Claudia Sheinbaum al cumplirse su primer año como presidenta. Las crecientes acusaciones relacionadas con una red de huachicol fiscal han sacudido la reputación de la administración previa de Andrés Manuel López Obrador, al frente de la cual estaba Ojeda. El escándalo amenaza con derrumbar la promesa anticorrupción del partido Morena y ha involucrado a altos mandos, incluidos familiares del almirante, en actividades fraudulentas, lo que podría extender la investigación hasta el exmandatario. La controversia se intensifica a medida que el gobierno enfrenta el desafío de demostrar una lucha efectiva contra el crimen organizado y ahora se ve en la necesidad de esclarecer responsabilidades dentro del caso para mantener su credibilidad ante la ciudadanía.
En el epicentro del escándalo, la trama del huachicol fiscal no solo afecta a Tamaulipas, donde surgieron las primeras evidencias, sino también a otras entidades cuya gobernatura está bajo sospecha de haberse beneficiado de fondos ilícitos en campañas electorales. Las investigaciones, dirigidas por figuras clave como Alejandro Gertz Manero y Omar García Harfuch, deberán profundizar en las conexiones entre el contrabando y las esferas del poder político. La presión aumenta sobre la administración de Sheinbaum para gestionar este complejo caso que podría tener consecuencias sísmicas en el panorama político y la estructura interna del partido, poniendo en duda la integridad del movimiento que prometió revitalizar la ética gubernamental.
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