En el México contemporáneo, la diversidad y proliferación de modalidades criminales, especialmente las extorsiones, afectan a varios sectores de la sociedad, aunque el tema no recibe la atención adecuada. Estas prácticas delictivas se han expandido y diversificado, afectando desde quienes reciben programas de bienestar y remesas hasta las actividades agrícolas y el sector inmobiliario. A pesar del enfoque gubernamental en la violencia letal y los decomisos, el impacto social y económico de estas extorsiones recibe una atención secundaria. Las familias afectadas por desapariciones y violencia, así como la carga psicológica y económica resultante, se mantienen al margen de los informes oficiales, relegados a un papel casi testimonial en programas de gobierno.
Este complejo escenario revela la coexistencia de tres tipos de normatividades: la estatal, la no institucional respaldada por el Estado y la delincuencial. Los ciudadanos, sometidos a esta triple carga normativa, deben cumplir con regulaciones estatales para operar legalmente, enfrentar extorsiones de algunos servidores públicos que buscan enriquecerse ilegalmente, y ceder ante las imposiciones de grupos criminales que establecen reglas paralelas a la ley oficial. El desafío para el Estado mexicano radica no solo en combatir la coacción violenta de estos grupos, sino en desmantelar una estructura normativa alternativa que cuestiona tanto la legalidad como la legitimidad del estado de derecho en el país.
Leer noticia completa en El Pais.
