El artículo presenta una crítica vehemente hacia la Ley de Memoria Democrática impulsada por el gobierno socialista en España, describiéndola como un intento de imponer una visión sesgada de la historia. Según el texto, esta ley sirve para adoctrinar desde instituciones educativas, homogenizar el relato histórico y facilitar la implementación de un programa ideológico que carece del consenso de un sector significativo del país. Se argumenta que, bajo el pretexto de reparar injusticias históricas, se distorsiona la verdad de los eventos ocurridos antes, durante y después de la Guerra Civil española, favoreciendo una narrativa que culpa exclusivamente a las fuerzas reaccionarias y exonerando a la izquierda de su parte de responsabilidad en la alteración de la convivencia democrática de la época.
Además, el artículo se enfoca en la continuidad entre las legislaciones de memoria histórica iniciadas durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y las actuales políticas del presidente Pedro Sánchez. Critica la instrumentalización de la historia para dividir eternamente a la nación en dos bandos, mientras acusa a actores políticos de utilizar las leyes de memoria como armas políticas para etiquetar a sus rivales ideológicos de cómplices de regímenes autoritarios. El texto insiste en que la memoria, siendo una cuestión fundamentalmente subjetiva, no debería ser colectivizada a través de mecanismos estatales que busquen imponer una única versión de los hechos, pues esto contraviene los principios democráticos que abogan por la pluralidad y el respeto a las libertades individuales.
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