Recientemente, México ha dado un paso significativo hacia la mejora de las condiciones laborales al aprobar una reducción gradual de la jornada laboral, que disminuirá de las 48 horas semanales actuales a solo 40 horas para el año 2030. Esta medida, considerada histórica, busca adaptarse a los cambios económicos derivados del auge de la economía de servicios y la evolución tecnológica. Sin embargo, la adaptación de la legislación laboral vigente para reflejar mejor las condiciones del mercado de trabajo actual es crucial. Especialmente, es necesario reconocer legalmente la jornada parcial, lo que permitiría formalizar el empleo de miles de trabajadores que actualmente operan en la informalidad. La Ley Federal del Trabajo establece un máximo de horas de trabajo, pero no un mínimo, lo que podría haber sido una oportunidad para contemplar jornadas más cortas. No obstante, al no vincular claramente el salario mínimo a la duración de la jornada, los trabajadores de tiempo parcial podrían quedar desprotegidos.
En México, la introducción de un reconocimiento legal de la jornada parcial podría beneficiar especialmente a las mujeres, quienes frecuentemente buscan equilibrar el trabajo con responsabilidades domésticas. La experiencia internacional, con ejemplos de países como Chile y Uruguay, donde el empleo de tiempo parcial ha sido regulado, muestra que esto no sólo fomenta la formalidad laboral sino que también incrementa el acceso a prestaciones sociales y la seguridad social. Con aproximadamente el 28% de los empleos mexicanos siendo de tiempo parcial, y un porcentaje aún mayor para las mujeres, establecer una correlación clara entre las horas trabajadas y el salario mínimo podría brindar un suelo de protección para estos trabajadores. Al hacerlo, México podría lograr avances significativos al reducir la informalidad laboral y enfrentar la pobreza desde una perspectiva multidimensional que incluya la seguridad social como componente clave.
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