La renuncia de Katrina Armstrong, rectora en funciones de la Universidad de Columbia, pone de manifiesto la tensa relación entre la institución académica y la administración de Donald Trump, en medio de una disputa por la financiación federal. Armstrong, quien reemplazó temporalmente a Minouche Shafik, dimitió tras enfrentar críticas durante una reunión a puerta cerrada con el claustro, donde expuso los riesgos de los recortes al presupuesto universitario. La situación se complicó con la detención del estudiante palestino Mahmoud Khalil, líder de las protestas contra la guerra de Gaza, lo que provocó una fuerte presión de la comunidad académica. La universidad se vio obligada a ceder a las exigencias del gobierno para evitar la pérdida de 400 millones de dólares en fondos federales, esenciales para la facultad de Medicina, lo cual generó nuevas tensiones entre los estudiantes y académicos.
El ambiente en Columbia se caldea aún más con el boicot organizado por casi 1.000 académicos y asociaciones, quienes acusan a la universidad de ceder ante las demandas del gobierno de Trump, comprometiendo la libertad académica y criminalizando la protesta. Esta presión se suma a las demandas legales de varias asociaciones docentes contra la administración por perseguir y deportar a estudiantes propalestinos, considerando que estas acciones violan los derechos constitucionales. Columbia no es la única institución bajo escrutinio; otras universidades como Pensilvania y Harvard también han visto la dimisión de sus rectoras debido a la falta de contundencia al abordar el antisemitismo, en el contexto de una campaña más amplia que revoca visas a estudiantes extranjeros involucrados en protestas antiisraelíes.
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