El alto funcionario del Departamento de Policía de Nueva York, Jeffrey Maddrey, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de haber ejercido presiones sobre varias mujeres para que accedieran a mantener relaciones sexuales a cambio de beneficios económicos. Las acusaciones señalan que Maddrey, aprovechándose de su posición de poder, ofrecía incentivos financieros como una forma de coacción, poniendo a las supuestas víctimas en una posición de vulnerabilidad. Estas alegaciones han provocado un escándalo en uno de los cuerpos policiales más grandes y respetados del mundo, generando dudas sobre los mecanismos internos de supervisión y las medidas de protección hacia los empleados.
La reacción pública ha sido contundente. Diversos grupos defensores de los derechos de las mujeres y de la transparencia institucional han exigido una investigación exhaustiva que vaya más allá de las paredes del departamento policial. El caso ha reavivado el debate sobre el abuso de poder y la integridad en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, destacando la urgente necesidad de implementar políticas más estrictas y efectivas que frenen este tipo de conductas indebidas. Mientras las acusaciones son investigadas, la reputación del cuerpo y la confianza ciudadana penden de un hilo.
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