En un caso que ha sacudido a la comunidad cristiana y al ámbito legal, más de 10.000 personas han firmado una petición exigiendo la renuncia de John Smyth, un abogado acusado de cometer graves abusos en campamentos cristianos que él mismo organizaba. Un informe reciente ha sacado a la luz hasta 130 casos de abusos y castigos corporales perpetrados por Smyth, una figura que durante años había mantenido un perfil intachable. La publicación de este informe ha generado una ola de indignación y ha relanzado el debate sobre la responsabilidad de las instituciones en prevenir y abordar este tipo de conductas. Las víctimas, en su mayoría jóvenes que asistieron a los campamentos, describen un ambiente de control extremo y temor, donde los castigos físicos eran una constante.
El escándalo ha resonado a nivel internacional, poniendo de relieve graves fallos en los mecanismos de supervisión de actividades juveniles en entornos religiosos. Las organizaciones involucradas en los campamentos han emitido comunicados distanciándose de Smyth y expresando su apoyo a las víctimas, mientras se enfrentan a una revisión exhaustiva de sus protocolos de seguridad y protección. Este caso también ha llevado a un escrutinio más amplio sobre el poder y la influencia que ciertas figuras carismáticas pueden ejercer dentro de comunidades cerradas, y se espera que las repercusiones legales y sociales continúen desarrollándose a medida que más detalles salgan a la luz. La presión pública sigue en aumento, y la demanda de justicia para las víctimas se ha convertido en un clamor insistente.
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