Carlos Zamarripa Aguirre, el exfiscal de Guanajuato, ha generado controversia tras recibir una indemnización que supera los ocho millones de pesos al dejar su cargo en uno de los estados más violentos de México. Esta cifra incluye prestaciones por jubilación y una gratificación introducida por el propio Zamarripa en el reglamento interno de la Fiscalía, bajo el concepto de «fidelidad». Su salida ocurre en un contexto de críticas y señalamientos por parte del partido Morena, que expuso que otros 14 funcionarios también se beneficiaron de estas compensaciones especiales, sumando casi 15 millones de pesos en total. Estas prestaciones van más allá de lo estipulado en la Ley de Seguridad Social, e incluyen beneficios adicionales como becas y seguros, bajo el argumento de las condiciones de «alto riesgo» que enfrentan los trabajadores de la Fiscalía.
La gestión de Zamarripa, que abarcó casi 16 años, estuvo marcada por un drástico aumento de la violencia en el estado, con un incremento del 658% en homicidios. A pesar de contar con formación y apoyo de recursos estadounidenses, sus esfuerzos no lograron contener las olas de violencia que sacudieron a Guanajuato. La renuncia de Zamarripa, presentada el 27 de septiembre de 2024, fue precedida por una promesa electoral de la nueva gobernadora panista, Libia García Muñoz Ledo, y por la desconfianza pública expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Zamarripa abandona su puesto con un legado cuestionado, pero no sin antes dejar un video de despedida lleno de autoelogios, en el que asegura que «este no es el fin de su historia», sugiriendo un futuro aún incierto en la esfera pública.
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