El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha alertado hoy que el cumplimiento del preacuerdo entre el PSC y ERC podría no solo incurrir en inconstitucionalidad, sino también atentar contra la solidaridad entre territorios. Según el comunicado emitido por Gestha, el modelo de financiación singular de Cataluña que se está contemplando «bordea la inconstitucionalidad», ya que incluye la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña con plena gestión de los impuestos en la región, un cupo catalán para el gasto estatal y un fondo de reequilibrio territorial a negociar.
Los técnicos han recalcado que, aunque el preacuerdo admite un límite constitucional al perseguir un «sustancial aumento» de la capacidad normativa que estaría coordinada con el Estado y la Unión Europea, la potestad tributaria originaria del Estado quedaría a salvo. Recordaron que el bloque de constitucionalidad atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular los tributos, el marco general del sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras entre comunidades autónomas y el Estado.
Gestha ha señalado que la propuesta de avanzar hacia un modelo tributario federal, que dotaría a todas las comunidades autónomas de régimen común de una mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, y de gobernanza de las inversiones públicas, presenta varias aristas complejas. Aunque se prevé que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude en una primera fase el 100% del IRPF en 2026, no se ha concretado quién gestionará retenciones y pagos a cuenta en ese año ni las devoluciones de la Campaña de la Renta a partir de 2027.
El preacuerdo también prevé que la aportación catalana al coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña se realice mediante un porcentaje de participación en los tributos, similar al actual modelo de financiación autonómica, pero a la inversa. Según los cálculos de Gestha, si la Agencia Tributaria de Cataluña asume en 2026 la recaudación del 100% del IRPF, los ingresos podrían elevarse de los actuales 24.439 millones a 52.000 millones de euros, incluyendo todos los tributos estatales.
Sin embargo, para Gestha, la propuesta más problemática sigue siendo la aportación a la solidaridad con otras comunidades autónomas. El preacuerdo busca que esa solidaridad esté limitada por el principio de ordinalidad, de manera que las contribuciones mantengan el mismo orden de mayor a menor que tienen en lo que reciben. Esto, según Gestha, podría generar tensiones, dado que el IRPF es la principal fuente de progresividad del sistema fiscal español, aportando el 95,4% de la misma.
El sindicato también ha advertido de un posible aumento de la evasión fiscal. La información de las declaraciones de Renta es crucial para combatir el fraude en España, y temen que perder dicha información pueda debilitar la lucha contra la evasión de rentas y patrimonios ocultos.
El preacuerdo incluye el traspaso de medios humanos, materiales y tecnológicos de la AEAT a la Agencia Catalana, algo que Gestha considera «irrealizable». Argumentan que la mayoría de los 5.000 empleados de la AEAT en Cataluña rechazarían integrarse en la nueva Agencia debido a la falta de lazos afectivos y familiares en la región, a pesar de posibles incentivos como mayores retribuciones y la integración en cuerpos superiores.
Finalmente, Gestha ha remarcado que la Agencia Tributaria de Cataluña, con solo 852 empleados, no está capacitada para gestionar los impuestos en su totalidad como lo hace la AEAT. «El Gobierno de España tendrá que emplearse en una intensa negociación multilateral para cambiar el modelo de financiación autonómica, realizar un diseño fino de las modificaciones legales necesarias para cumplir el acuerdo del PSC y ERC sin tacha de inconstitucionalidad, y recabar los apoyos parlamentarios para su aprobación», concluyó el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
Fuente: Gestha
