

Madrid, 12 de noviembre de 2025.- El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha dado un paso crucial al aprobar el «Procedimiento para la emisión de certificado de patologías derivadas de la exposición al amianto”. Este avance, en consonancia con el Real Decreto 483/2025 y la Ley 21/2022, permitirá reconocer el derecho a la compensación económica para quienes hayan sufrido daños en su salud por el amianto en España.
Este nuevo procedimiento busca una reparación integral para las víctimas, estableciendo un proceso de acreditación de patologías indemnizables. Las comunidades autónomas jugarán un papel clave, creando Equipos de Valoración de Víctimas del Amianto (EVVA). Estos equipos, formados por especialistas en salud pública, laboral y ambiental, asegurarán la uniformidad en todo el país mediante protocolos comunes.
Los EVVA serán responsables de evaluar los casos y emitir los certificados necesarios para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) gestione las compensaciones económicas. El éxito de esta iniciativa depende de la colaboración entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán dotar a los EVVA con los recursos tecnológicos y personales necesarios.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 483/2025 el pasado 18 de septiembre, el proceso ya ha comenzado con aquellas personas que poseen un reconocimiento firme de incapacidad permanente por enfermedades relacionadas con el amianto. Otros grupos de beneficiarios se unirán paulatinamente en función de las futuras Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Las solicitudes pueden presentarse en la Consejería de Sanidad de cada comunidad o en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta y Melilla. Para proceder a la certificación, los EVVA tendrán acceso a diversas fuentes de información para verificar las patologías y los orígenes de exposición al amianto, garantizando así la validez de cada solicitud.
Este marco legal y procedimental no solo busca compensar económicamente a las víctimas del amianto, sino también reconocer y reparar los impactos devastadores de un material cuyo legado ha afectado profundamente la salud de numerosos ciudadanos.
Fuente: Ministerio de Sanidad
