En el escenario del pacto catalán sobre financiación autonómica, emerge el concepto de «ordinalidad», que busca alinear las posiciones de las comunidades autónomas en el ranking de recaudación y en el de ingresos recibidos. Esta medida, impulsada por la Generalitat, implica un cambio significativo que prioriza la relación entre la recaudación de impuestos como el IRPF y el IVA, y los fondos que cada territorio recibe, relegando criterios como la población o el desempleo.
Cataluña y Madrid se perfilan como los principales beneficiados de este enfoque, mientras que comunidades como Extremadura o Canarias podrían enfrentar desventajas. En el caso de Andalucía, los análisis indican que sufrirá un perjuicio leve. Según José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Andalucía ocupa casi la misma posición en ambas clasificaciones actuales, lo que minimiza el impacto del nuevo criterio.
Los datos del Ministerio de Hacienda revelan que Andalucía recauda 3.103 euros por habitante, situándose en la undécima posición, mientras que el sistema aporta 2.320 euros por persona, ocupando la décima posición a nivel nacional. Aunque el ajuste necesario para aplicar la ordinalidad afectará a Andalucía, su impacto sería menor comparado con otras comunidades.
Mollinedo explica que las comunidades que recibirán menos fondos en comparación con su recaudación, como Extremadura, Canarias o Asturias, serán las más perjudicadas. En contraste, Madrid, Baleares y Cataluña, que recaudan más en relación con la financiación que reciben, se verán favorecidas.
La aplicación del modelo catalán también contempla que Cataluña gestione su propia recaudación fiscal, añadiendo complejidad al reparto de fondos. Para Andalucía, existe un riesgo cuantitativo: la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se recauda asciende a más de 6.000 millones de euros.
Sin embargo, Mollinedo anticipa que la reforma podría incrementarse mediante el aumento de los fondos estatales, como ha ocurrido en reformas anteriores. La distribución deberá ajustarse a los intereses de cada comunidad, recordando las palabras de Pedro Solbes sobre el desafío de «resolver el sudoku» del reparto financiero.
Fuente: Gestha
