El Parlamento de Westminster ha aprobado, en una sesión extraordinaria celebrada este sábado, una ley que autoriza al gabinete de Keir Starmer a exigir a la compañía china Jingye la continuidad operativa de los últimos altos hornos del país. Esta decisión refleja la inquietud del gobierno británico ante la posible clausura de estas instalaciones, consideradas estratégicas para la industria siderúrgica del Reino Unido. La medida se toma en un contexto donde las relaciones comerciales y de inversión entre Reino Unido y China se encuentran bajo un escrutinio cada vez mayor, lo cual ha generado debates en torno a la necesidad de asegurar el control local sobre sectores críticos para la economía nacional.
La intervención gubernamental para preservar los altos hornos se ha visto como un intento de salvaguardar empleos y mantener activos productivos esenciales en el norte de Inglaterra. Jingye, que adquirió British Steel en 2020, enfrentaba presiones para reducir costes, lo que había encendido alarmas sobre el futuro de su operación en el país. La nueva legislación, promovida con celeridad, busca evitar el cierre abrupto y las consecuencias económicas derivadas de tal acción, al tiempo que refuerza la capacidad del gobierno británico para intervenir en escenarios donde los intereses nacionales puedan verse comprometidos por decisiones de inversores extranjeros.
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