El gobierno del Reino Unido ha renovado sus esfuerzos para influir en la tecnología de encriptación de Apple, exigiendo la creación de una puerta trasera en sus servicios de almacenamiento en la nube específicamente para los usuarios británicos. Esta propuesta se desarrolla en el marco de un «Aviso de Capacidad Técnica» (TCN), un mecanismo de la Ley de Poderes de Investigación del Reino Unido que ha sido criticado por su potencial para espiar a los ciudadanos.
Inicialmente, el TCN buscaba afectar a todos los usuarios de Apple a nivel global. Sin embargo, tras un aluvión de críticas, el gobierno se replegó parcialmente en agosto, limitando la demanda exclusivamente a territorio británico. En respuesta, Apple desactivó su opción de Protección de Datos Avanzada, que garantizaba la encriptación de extremo a extremo en iCloud, en lugar de ceder a la demanda de crear una puerta trasera.
La insistencia del Reino Unido en modificar sus demandas para enfocarse en los usuarios locales ha sido recibida con preocupación por expertos en seguridad. Argumentan que una puerta trasera gubernamental incrementa los riesgos de ciberataques, robo de identidad y fraude. Además, estableciendo un peligroso precedente que podría motivar a otros gobiernos a seguir el ejemplo.
El contexto se torna más tenso con el reciente anuncio del gobierno británico sobre la implementación de un sistema de identificación digital obligatorio, presentado como una medida contra la migración ilegal. Simultáneamente, está en juego el futuro de una audiencia programada para enero de 2026, cuya realización podría verse afectada por las nuevas medidas.
Apple enfrenta el desafío de permanecer resoluta ante estas presiones, ya que debilitar la encriptación en un país pone en riesgo la seguridad global de su base de usuarios. Las repetidas tentativas por debilitar esta protección no solo comprometen derechos humanos esenciales, sino que también socavan la privacidad que todos los individuos merecen.
