El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto-ley que permite al Gobierno de España intervenir en la fijación de precios de servicios y productos en situaciones de emergencia que alteren de manera significativa la oferta y la demanda. La normativa, impulsada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, busca reforzar la protección de los consumidores ante abusos que se han reportado en circunstancias de crisis recientes, como incendios o desastres naturales.
Este decreto establece que en situaciones de emergencia, los precios no podrán exceder del máximo registrado en los 30 días anteriores ni superar en más del 50% el promedio de esos mismos días. La medida responde a quejas de consumidores por incrementos injustificados tras eventos catastróficos, como el accidente ferroviario en Córdoba o la DANA en Valencia.
El Ministerio tendrá la potestad de establecer estas limitaciones no solo para emergencias de protección civil, sino también para otras declaradas por el Consejo de Ministros. Las restricciones de precios se aplicarán desde el inicio hasta el final de la situación de emergencia, con obligatoriedad para los comerciantes de informar sobre el precio medio y máximo ofertado en el mes anterior.
El decreto además introduce flexibilidad para ajustes de precios justificados por aumentos de costos comprobables, siempre que no incrementen los márgenes de ganancias del operador. Esto se acompaña de un derecho a la devolución automática para los consumidores en caso de cobros superiores al límite fijado.
La legislación amplía una reforma previa de 2024, que prohibió incrementos en productos con precios personalizados durante emergencias. Con estas normativas, el Gobierno busca proteger al consumidor de prácticas comerciales desleales en momentos críticos, adoptando un enfoque regulador frente a la fluctuación descontrolada de precios derivados de situaciones excepcionales.
Fuente: Ministerio de Consumo
