Más de una década después de los debates intensos y la oposición masiva que enterraron las propuestas de ley SOPA y PIPA, el Congreso de los Estados Unidos enfrenta una nueva controversia en torno a la idea de cerrar sitios web por acusaciones de piratería. La polémica resurge con el «Foreign Anti-Digital Piracy Act» (FADPA), un conjunto de propuestas que buscan facultar a los titulares de derechos de autor para solicitar órdenes judiciales que obliguen a los proveedores de servicios de Internet y a los gestores de nombres de dominio a bloquear sitios completos.
Esta iniciativa ha encendido alarmas entre defensores de derechos digitales y organizaciones pro-libertad en internet, quienes advierten sobre las implicaciones de crear lo que consideran un “interruptor de apagado” para la red. Historias pasadas de oposición a la censura gubernamental resuenan hoy en discursos que denuncian esta renovada tentativa. La Electronic Frontier Foundation (EFF) y otros grupos similares hacen un llamado urgente a la resistencia, señalando que estas leyes podrían dar pie a un abuso de autoridad sin precedentes en la web.
Analistas han señalado repetidamente la ineficacia de tal estrategia, que no solo ofrece el riesgo de un daño colateral masivo —debido a la infraestructura compartida y la ubicación común de múltiples sitios en la misma dirección IP—, sino que además los internautas eluden estos bloqueos mediante la utilización de VPNs y cambios en la configuración de DNS. Estas herramientas son frecuentemente utilizadas en países con restricciones a la libertad de expresión, representando un límite tangible a las medidas de censura.
La EFF y sus aliados argumentan que el combate a la piratería no debería justificar tales compromisos a la libertad de expresión y acceso a la información. Subrayan que, en la actualidad, el ecosistema de entretenimiento es más próspero que nunca, cuestionando la necesidad y urgencia de resucitar estas propuestas draconianas.
El FADPA, junto con otras propuestas similares que se encuentran en fase de consideración, plantea un desafío significativo: ¿recordarán los legisladores las lecciones aprendidas de la resistencia pública a los intentos pasados de regular internet de manera tan restrictiva? En este sentido, la participación ciudadana se vuelve crucial, como guardián del principio de un internet libre y abierto, libre de censura y accesible para todos.
