El Congreso de los Diputados retoma sus sesiones tras un periodo de inactividad notable, marcado únicamente por la controversia del decreto ómnibus. En este nuevo ciclo parlamentario, el Gobierno de Pedro Sánchez encara una evidente fragilidad en términos de apoyo legislativo, mientras el Partido Popular busca ejercer presión sobre el Ejecutivo. Al mismo tiempo, partidos como Podemos y Junts mantienen sus exigencias, conscientes de su capacidad para influir en el devenir de la legislatura. En este contexto, el PSOE intentará desviar la atención de sus controversias legales iniciando la tramitación de una ley destinada a restringir el uso de la acusación popular, especialmente tras la revelación de que el fiscal general eliminó mensajes de WhatsApp el mismo día que fue imputado.
La actividad parlamentaria se anticipa intensa y cargada de tensión, con una caldera política que amenaza con alcanzar su punto de ebullición. El Gobierno, pese a su debilidad, se muestra dispuesto a resistir, buscando maniobras legales y políticas que les permitan sortear las críticas y avanzar en su agenda. Por su parte, la oposición, liderada por el Partido Popular, incrementará sus esfuerzos para poner en jaque al Ejecutivo, mientras que formaciones como Podemos y Junts se preparan para jugar sus cartas en un tablero político en el que cada voto cuenta. La presión sobre el Congreso es palpable, y los próximos días prometen ser cruciales para definir la estabilidad del actual Gobierno y el futuro de la legislatura.
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