La Junta de Gobierno ha aprobado el nuevo contrato del servicio de valoración y atención psicológica y educativa para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa, anunciada por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, contará con una dotación de 733.000 euros y presentará mejoras significativas en la prestación del servicio.
El programa, dirigido a mayores de 65 años que se encuentran en situación de aislamiento social, maltrato o riesgo de sufrirlo, incluye también a su entorno cercano, como familiares y amigos. Este servicio se presta mayormente en el domicilio y por un equipo especializado, y tiene como objetivo no solo asistir en casos de violencia o soledad, sino también facilitar que los usuarios puedan permanecer en sus hogares en las mejores condiciones posibles mediante apoyo y acompañamiento profesional.
La terapia está diseñada para abordar y detener situaciones de maltrato, incluyendo violencia de género ejercida por el cónyuge o pareja. Trabaja directamente con las víctimas para mitigar el sufrimiento y las secuelas psicológicas, tales como ansiedad, depresión y estrés, mientras que también se interviene con los posibles agresores para abordar las causas del maltrato.
Por otra parte, en casos de soledad no deseada, el enfoque es propiciar la inclusión social de la persona afectada. Este objetivo se consigue facilitando recursos que reviertan o mitiguen las necesidades específicas de cada individuo.
Como complemento a esta medida, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad presentará en julio el ‘Plan para combatir la soledad no deseada en las personas mayores’. Esta iniciativa ha implementado herramientas innovadoras para detectar la problemática de la soledad, tales como convenios con el Colegio de Farmacéuticos, el Colegio de Administradores de Fincas y Cáritas, además del uso de la inteligencia artificial a través del chatbot ‘Paloma’, que ha permitido localizar y asistir a más de 600 personas.
El contrato aprobado, que se ejecutará del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2027, con posibilidad de una prórroga adicional de 24 meses, introduce la obligatoriedad de citas semanales, presenciales o telefónicas, con los usuarios. Además, el personal del programa se incrementará de cuatro a seis profesionales para una mayor cobertura, y se incluirá asesoramiento jurídico a los psicólogos para abordar con mayor precisión los casos complejos.
Desde noviembre de 2019 hasta el 31 de mayo de 2024, el servicio ha atendido a 771 personas, de las cuales un 76% son mujeres y un 24% hombres, con una edad media de 83 años.
