

El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana a un incremento del 3,1% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2026, fijándose en 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Esta iniciativa, respaldada por los sindicatos CCOO y UGT, conlleva una modificación fiscal en la que se exime del IRPF el nuevo salario mínimo, proporcionando un respiro fiscal a casi tres millones de contribuyentes.
El impacto económico de esta medida es notable, ya que introduce una exención tributaria para aquellos que perciban hasta 17.094 euros brutos anuales, ajustándose progresivamente hasta los 20.000 euros, ubicándose por encima del umbral previo de 2025 de 15.876 euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que los trabajadores bajo este esquema podrán ahorrar hasta 591 euros. Este ajuste desencadenará un costo calculado de aproximadamente 200 millones de euros para el Tesoro Público, según los técnicos de GESTHA.
En lo que respecta a la presentación de la declaración de la renta, el consejo es claro: los trabajadores cuyos ingresos brutos anuales se sitúan entre 15.876 y 20.000 euros deben considerar presentar su declaración para recuperar retenciones anteriores. Es obligatorio para aquellos con múltiples empleadores que superen los 15.876 euros anuales, salvo que las percepciones del segundo y demás pagadores no rebasen los 1.500 euros totales al año. No obstante, para quienes reciben ingresos de un único pagador, la obligación comienza a partir de los 22.000 euros. Claramente, aquellos con ingresos entre 20.000 y 22.000 euros, a pesar de no calificar para la deducción ampliada, aún pueden obtener beneficios al presentar su declaración si aplican otras deducciones posibles.
El análisis territorial revela que el 52,1% de los asalariados que podrán aprovechar la deducción se concentran en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Teniendo en cuenta la población, estas comunidades presentan un mayor impacto absoluto. Sin embargo, el análisis relativo destaca que Canarias, Murcia y Extremadura presentan un mayor porcentaje de beneficiarios, hecho atribuido a los salarios bajos y predominancia de contratos temporales y a tiempo parcial. En particular, Canarias lidera con un 18% de trabajadores en este rango salarial, seguida por Extremadura, Murcia y Andalucía.
En términos demográficos, el aumento del SMI beneficiará directamente a alrededor del 9% de la fuerza laboral española, con una mayor incidencia en los jóvenes. Un 19,5% de los asalariados menores de 24 años a jornada completa y un 10,9% entre los 25 y 34 años experimentarán mejoras salariales significativas. Esta medida favorece particularmente a las mujeres, jóvenes, extranjeros y trabajadores temporales. Alrededor del 80% de los beneficiarios cuentan con contratos indefinidos, destacando así la relevancia del SMI en mantener estándares salariales entre empleos estables.
Desde una perspectiva sectorial, casi un tercio de quienes perciben el SMI trabajan en hostelería o comercio, aunque su incidencia relativa es mayor en la agricultura. Desde 2018, el SMI ha experimentado un incremento acumulado del 66%, traduciéndose en aumentos mensuales de 485,10 euros y anuales de 6.791,40 euros. Adicionalmente, se establece que los trabajadores temporales contratados por menos de 120 días no podrán ganar menos de 57,82 euros por jornada, y que las empleadas del hogar en régimen externo recibirán al menos 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.
Fuente: Gestha
