El pasado martes se anunció una significativa medida respecto a la deuda acumulada por las comunidades autónomas en España. Los técnicos de Hacienda hicieron saber a las delegaciones de las diversas consejerías autonómicas que la quita de deuda de 83.252 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ratificada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no permitirá un aumento en el gasto destinado a servicios públicos. Esta directriz parece entrar en conflicto con lo expresado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien había asegurado que el ahorro de intereses de esta deuda beneficiaría a las comunidades, proporcionando una mayor capacidad financiera para mejorar sus políticas públicas.
Patxi López, dirigente socialista, también sostuvo que el ahorro podría canalizarse en importantes inversiones en sanidad, educación, infraestructuras o dependencia, provocando reacciones de escepticismo entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Andalucía y Madrid, que cuestionaron cómo podrían explicar estas afirmaciones.
Sin embargo, al examinar las declaraciones de las fuentes técnicas, se revela que tal ahorro debe aplicarse a la regla de gasto y al control del déficit, circunstancias que limitan el uso de los fondos para servicios públicos. Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), corroboró esta perspectiva al explicar que el ahorro en intereses no afecta el cálculo de la regla de gasto, impidiendo un margen extendido para otras políticas.
El escenario dentro del Ministerio de Hacienda, calificado como un «caos» por diversas fuentes, añade un nivel de incertidumbre a la situación. Se destaca una discordancia entre la información técnica proporcionada y el mensaje político transmitido por la vicepresidenta, generando confusión. La operación, en esencia, traslada la deuda de las comunidades al Estado, reduciendo el pago de intereses sin incrementar la capacidad de gasto.
Frente a esta coyuntura, la Airef recomienda que cualquier condonación de deuda contemple una condicionalidad fiscal estricta para evitar problemas de moralidad asociada y reforzar el cumplimiento de las normas fiscales. La necesidad de asegurar que no se continúe acumulando deuda más allá de lo permitido por las reglas fiscales es crítica. Además, la continuidad del FLA sugiere que las comunidades seguirán dependiendo de este mecanismo para financiar déficits presentes y pasados, subrayando la importancia de adoptar medidas condicionadas adecuadamente para cualquier intento de alivio de deuda.
Fuente: Gestha
