Casi 7,5 millones de trabajadores en España, representando el 36,9% del total, recibieron en 2023 ingresos inferiores a 15,120 euros anuales, situándose por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Estos datos del Ministerio de Hacienda resaltan una situación preocupante en el mercado laboral español, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Trabajo.
A pesar de estas cifras, se observa una tendencia positiva en la reducción de la desigualdad salarial, disminuyendo un 4,7% desde 2003 según el índice de Gini. Esta mejora se ha visto impulsada desde 2019, con incrementos en el SMI que ha crecido un 139,4% en dos décadas, llegando a 1,080 euros mensuales en 2023. Con el SMI actual en 1,134 euros, se espera que esta política continúe disminuyendo la desigualdad.
Sin embargo, existen disparidades regionales marcadas. Madrid lidera las autonomías con un 30,1% de trabajadores bajo el umbral del SMI, seguida de Cataluña, Aragón y Asturias. En contraste, Extremadura y Andalucía registran más del 47% de sus empleados ganando menos de 15,120 euros, reflejando vulnerabilidades económicas significativas.
Por provincias, Barcelona tiene un 30,3% de empleados cobrando menos de lo estipulado por el SMI, una cifra que, contextualizada por el alto costo de vida local, es motivo de preocupación. Provincias como Zaragoza y Valladolid muestran cifras similares.
Huelva destaca negativamente, con un 56,6% de trabajadores por debajo del umbral salarial. Otras provincias andaluzas como Almería y Jaén también enfrentan cifras alarmantes.
En cuanto a las desigualdades de género, el 42,8% de las mujeres empleadas en España gana menos que el SMI, siendo Huelva, Jaén y Almería las provincias con mayores brechas. En contraste, en Barcelona, solo el 34,1% de las trabajadoras está por debajo del umbral.
Estos datos subrayan desigualdades estructurales persistentes, especialmente impactando a las mujeres, quienes, a pesar de ser menos de la mitad de la población ocupada en varios lugares, sufren más la precariedad. El aumento del SMI podría ayudar a mitigar estas diferencias, pero las disparidades regionales y de género siguen siendo un desafío.
Es crucial implementar políticas económicas inclusivas que no solo se centren en el salario mínimo, sino que también aborden estructuras que perpetúan las desigualdades. A medida que avanzamos, monitorear estos indicadores será esencial para un desarrollo económico equitativo y sostenible, promoviendo igualdad en el acceso a oportunidades laborales.
Fuente: Gestha
