El desarrollo de la agenda política y económica de Cataluña da un paso adelante con el compromiso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de cuadruplicar los recursos de la Agencia Tributaria Catalana (ATC). El objetivo es allanar el camino hacia un concierto económico singular, siguiendo el acuerdo entre el PSC y ERC. Este anuncio responde a las crecientes presiones de ERC para materializar avances tangibles en el sistema de financiación, mientras que Illa asegura que los resultados serán visibles pronto.
La ampliación propuesta implica un aumento considerable de plantilla y presupuesto de la ATC, que, según las previsiones, pasaría de 852 empleados a cerca de 3.400, y de 92 millones de euros a alrededor de 370 millones. Sin embargo, esta ambiciosa remodelación ha generado críticas desde sectores sindicales que representan a los trabajadores de Hacienda, quienes advierten que tal expansión solo podría lograrse traspasando personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que despertaría recelos profundos y complejidades logísticas.
En otro ámbito, el malestar laboral en los medios públicos de Cataluña se intensifica con las denuncias de enchufismo en entidades como TV3 y Catalunya Ràdio. Trabajadores de ambos canales han solicitado la intervención del Síndic de Greuges para investigar presuntas irregularidades en contrataciones consideradas opacas y arbitrarias. La falta de transparencia y el incremento desmesurado de cargos de libre designación en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han encendido las alarmas sobre el uso del ente como una plataforma de colocación política.
Por otro lado, la arena política sigue agitada con iniciativas legales de figuras como Jordi Turull, quien ha recurrido al Tribunal Constitucional para suspender su inhabilitación y buscar amparo frente a la negativa del Supremo a amnistiar su caso de malversación. Mientras tanto, la CUP trata de reinventarse tras sus retrocesos electorales, ahora bajo el liderazgo de Non Casadevall, un profesor de religión que busca reorientar a la formación hacia sus raíces más rupturistas y populares.
El mundo del deporte no queda exento del tumulto. Joan Laporta enfrenta una situación crítica en el FC Barcelona, donde deberá justiciar una contabilidad cuestionada por una pérdida significativa tras una operación cualificada de «fantasma» por la oposición interna. Las asociaciones de socios del club exigen transparencia y una revisión exhaustiva de las finanzas, lo que podría poner en aprietos a la administración de Laporta en la Asamblea de Socios Compromisarios.
Finalmente, el caos organizacional del evento «Som 1 d’octubre» sigue dando de qué hablar, con el promotor del evento, Jordi Mateu, negando cargos de estafa a pesar de reconocer un déficit significativo. Mateu argumenta que fue traicionado por sus colaboradores, mientras aquellos que participaron dicen no haber estado informados de la gestión financiera precaria.
Este mosaico de situaciones destaca tanto la efervescencia política en Cataluña como los desafíos administrativos y económicos que enfrentan tanto instituciones públicas como privadas, todos con potenciales repercusiones de amplio alcance.
Fuente: Gestha
