En un contexto de creciente lucha contra el fraude fiscal, la Agencia Tributaria ha anunciado un aumento en la presión sobre los autónomos y pequeños negocios en los próximos años. Este incremento en las inspecciones y controles por parte de Hacienda tiene como objetivo frenar el uso indebido de estructuras societarias para evadir impuestos, una práctica frecuentemente observada en sectores que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo.
La medida, que se implementará gradualmente, prevé que las inspecciones aumenten en más del 4%, como reveló el Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero. El objetivo principal de este incremento en las investigaciones es reducir la economía sumergida y controlar más efectivamente a aquellos autónomos que utilizan sociedades para evitar pagar impuestos.
Durante 2023, las actuaciones de la Agencia Tributaria crecieron un 3,9%, alcanzando un total de 5.812 inspecciones. Según las previsiones de Hacienda, este número seguirá creciendo en lo que queda de 2024 y, especialmente, en 2025. Según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la modificación de los modelos 036 y 037, que entrará en vigor en 2025, será clave en este proceso. Estos cambios obligarán a los autónomos y empresas a informar sobre la titularidad real de las sociedades, dificultando la ocultación de patrimonio y actividad económica.
Muchos autónomos han utilizado sociedades para beneficiarse de una menor tributación, ya que las empresas pagan impuestos a través del Impuesto de Sociedades, cuya tasa es más baja que el IRPF que aplican los autónomos sobre sus rendimientos. Hacienda busca cerrar el cerco a estas prácticas fraudulentas mediante un incremento en los controles.
Sectores como la hostelería, la construcción y el comercio, donde el uso de efectivo es más frecuente, estarán en el punto de mira de estas inspecciones. La Agencia Tributaria también prestará especial atención a los autónomos que prestan servicios a través de sociedades unipersonales, utilizadas en muchos casos para pagar menos impuestos al recibir ingresos como sociedades en lugar de tributar a través del IRPF.
Otro de los mayores cambios que se avecinan es la obligación de informar sobre la titularidad real de las sociedades, medida que entrará en vigor en 2025. La modificación de los modelos 036 y 037 forzará a las empresas a detallar quiénes controlan, directa o indirectamente, el 25% o más del capital o derechos a voto. Esta medida está diseñada para detectar estructuras empresariales complejas usadas para esconder la verdadera actividad económica de los autónomos.
No todos los autónomos se verán afectados de la misma manera. Los sectores donde el uso de efectivo es más prevalente estarán más vigilados. Hacienda también ha detectado la creación de sociedades pantalla en estos sectores, un hecho que ha encendido las alarmas de los inspectores.
A pesar de este aumento en el control fiscal, Hacienda ha anunciado algunas excepciones en la normativa. Los autónomos residentes en el barrio donde operan y que dispongan de la autorización SER podrán estacionar sus vehículos en zonas reguladas hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, vehículos destinados a personas con movilidad reducida y vehículos de dos y tres ruedas contarán con ciertas exenciones en estas zonas.
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obliga a Hacienda a notificar también a los gestores o asesores fiscales de los autónomos cualquier comunicación oficial, es de gran relevancia. Muchos autónomos delegan en sus asesores fiscales la gestión de sus obligaciones tributarias, por lo que Hacienda debe respetar esta intermediación para que las notificaciones sean válidas.
Ante este nuevo escenario, es fundamental que los autónomos tomen medidas preventivas para evitar problemas con Hacienda. Contratar a un buen asesor fiscal y llevar una contabilidad transparente y ordenada son dos de las principales recomendaciones para estar en regla con la Agencia Tributaria. En sectores con alto uso de efectivo, se recomienda limitar el uso del dinero en metálico y favorecer el pago con tarjeta o transferencias bancarias, lo que facilita el control de las transacciones y minimiza el riesgo de ser objeto de inspecciones.
La digitalización de la economía, promovida mediante restricciones al uso del efectivo, presenta beneficios como la mayor trazabilidad de las transacciones y reducción del dinero negro. Sin embargo, también puede implicar un mayor control gubernamental sobre la actividad económica de los ciudadanos. Esta transición hacia una sociedad sin efectivo podría afectar tanto a autónomos y empresas como a los ciudadanos comunes, quienes verán sus transacciones cada vez más monitoreadas.
Fuente: Gestha
