El reciente debate sobre el posible incremento del tipo máximo del IRPF para las rentas de capital al 30%, propuesto por Sumar, ha suscitado un intenso debate en torno a la equidad económica y la competencia fiscal a nivel internacional. Este ajuste busca abordar la concentración de riqueza en los estratos más altos de la sociedad, al gravar más fuertemente los dividendos, intereses y ganancias patrimoniales.
Según Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, esta medida podría desempeñar un papel crucial en la redistribución de la riqueza. Los técnicos aseguran que al incrementar el impuesto sobre las rentas de capital, se podría generar un ingreso adicional para financiar servicios públicos vitales, beneficiando así a las poblaciones más vulnerables. En su análisis, destacan que las rentas de capital actualmente cuentan con un gravamen más bajo que las del trabajo, lo que afecta la progresividad del sistema fiscal y perpetúa un trato desigual.
Sin embargo, el Comité de Expertos para la reforma tributaria advierte que las rentas del capital son más susceptibles a movimientos de elusión fiscal en respuesta a incrementos impositivos. A pesar de este potencial reto fiscal, han expresado que los riesgos de perder competitividad internacional son limitados, ya que la economía de España se sustenta también en otros pilares como la estabilidad y la infraestructura.
José María O’Kean, catedrático de economía aplicada, puntualiza que la cuestión trasciende lo meramente fiscal y se adentra en el terreno ideológico. Argumenta que, si bien imponer impuestos elevados puede parecer una solución económica, la historia muestra que la innovación y la iniciativa privada son motores cruciales para el crecimiento económico sostenido, citando modelos mixtos exitosos como los de Dinamarca y Finlandia.
Por otro lado, el panorama político bajo el gobierno de Sánchez enfrenta desafíos internos que pueden complicar la implementación de estas medidas. La falta de cohesión en la coalición, con tensiones palpables entre partidos como Junts y Podemos/Sumar, suscita incertidumbres sobre la viabilidad legislativa de tales propuestas fiscales.
En medio de esta coyuntura, la Comunidad de Madrid ha adoptado una dirección opuesta al aprobar una deducción fiscal del 20% para nuevos residentes fiscales sobre el valor de adquisición de activos financieros. Esta medida, que busca atraer a residentes extranjeros con alta capacidad adquisitiva, refleja un modelo fiscal más laxo, orientado a fortalecer la economía regional.
Este debate no solo pone en evidencia las diferencias ideológicas sobre la gestión de la política fiscal, sino que también destaca las complejidades inherentes a equilibrar la justicia social con la sostenibilidad económica. En un contexto global donde la armonización fiscal es cada vez más relevante, España se enfrenta al dilema de cómo estructurar un sistema impositivo que sea justo, eficiente y competitivo.
Fuente: Gestha
