En un movimiento que promete generar un intenso debate en los círculos políticos y empresariales, el Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha introducido una enmienda en el proyecto de ley que regula el tipo mínimo de las multinacionales. Con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), esta propuesta lleva consigo una serie de reformas fiscales destinadas a incrementar considerablemente la presión tributaria sobre diversos sectores económicos. La medida más controvertida es una subida de impuestos que se estima en más de 4,500 millones de euros anuales, con un impacto significativo sobre las grandes empresas, el gasóleo y el tabaco.
El PSOE ha logrado introducir esta minireforma a través de acuerdos estratégicos, aunque no sin enfrentar ciertas derrotas. Una de las más significativas fue la imposibilidad de avanzar con un impuesto extraordinario a las energéticas, debido a la falta de apoyo de aliados clave como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts. No obstante, consiguieron que se acordara prolongar hasta 2028 un impuesto sobre el margen de intereses y las comisiones de las entidades financieras, con beneficios particulares para las comunidades autonómicas de estos partidos.
En el ámbito autonómico, el PNV ha conseguido la potestad para que las haciendas forales de la comunidad vasca y Navarra gestionen los impuestos a multinacionales y a la banca. Esto les permitirá recaudar impuestos y mantener la potestad normativa sobre ellos, pudiendo adaptar su regulación de acuerdo con sus necesidades regionales. Junts, por su parte, ha asegurado medidas fiscales que permitirán un ahorro de 2,500 millones de euros en impuestos para los catalanes, mientras paralizan la imposición sobre las energéticas.
La enmienda de ley también contempla elevar la fiscalidad de productos como el diésel, los vapeadores y el tabaco. El Gobierno busca equiparar los impuestos del gasóleo a los de la gasolina, bajo la excusa de alinearse con directrices de Bruselas para reducir los gases de efecto invernadero. De aprobarse, cada litro de gasóleo de automoción vería incrementado su gravamen, igualándose al de la gasolina. Asimismo, los cigarrillos electrónicos y el tabaco experimentarán un aumento en sus impuestos, lo que se argumenta como necesario para incrementar los ingresos de las haciendas territoriales y promover políticas de salud pública.
La propuesta no se detiene ahí. Se contempla también elevar el impuesto sobre el ahorro para aquellos con ingresos superiores a 300,000 euros, subiendo la factura fiscal en un punto porcentual. Por otro lado, el Impuesto Mínimo Global (IMG) a las grandes multinacionales se aplicará a aquellas con cifras de negocio de al menos 750 millones de euros, siguiendo los lineamientos de la OCDE y afectando principalmente a la Unión Europea.
El proyecto enfrenta críticas y desafíos, principalmente desde partidos que tradicionalmente apoyan al PSOE. Sumar, Bildu, ERC y Podemos han expresado su oposición si no se incluyen los impuestos energéticos como permanentes, tal como originalmente estaban concebidos. Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda, ha insistido en la obligatoriedad de aprobar el impuesto a las energéticas para equilibrar la balanza fiscal. En un entorno de presión, el debate sobre la política fiscal sigue intensificándose, mientras el Gobierno busca apoyo suficiente para implementar estas reformas.
Fuente: Gestha
