Madrid, en un nuevo giro del plan de reintegros a pensionistas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado una modificación normativa clave para facilitar la devolución íntegra de compensaciones económicas a antiguos mutualistas en 2025. Esta decisión altera una postura previa que había dispuesto el reintegro escalonado hasta 2028, a fin de gestionar las solicitudes de forma más ordenada y evitar saturaciones administrativas.
La medida original, ahora rectificada, había motivado descontento entre los afectados, sindicatos y partidos políticos, quienes manifestaron su disconformidad con el aplazamiento. El nuevo esquema de pago surge tras la escucha activa a estos colectivos, en un intento por mitigar la tensión generada por el conflicto.
La raíz del conflicto está en una sentencia del Tribunal Supremo, que otorga a los jubilados que cotizaron en mutualidades profesionales entre 1967 y 1978 el derecho a ajustar sus rendimientos del trabajo en la declaración de la renta, evitando así la doble tributación. Esta sentencia abrió la puerta para que la Agencia Tributaria procediera con compensaciones, afectando a un espectro de 4,8 millones de posibles beneficiarios, según estimaciones del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). En 2023, durante la campaña del IRPF, la Agencia Tributaria ya desembolsó 1.320 millones de euros a parte de los afectados.
El Ministerio de Hacienda había instaurado inicialmente un sistema automático para las solicitudes de devolución, pero la elevada demanda forzó la implementación de un esquema de pagos fraccionados. Ahora, con el cambio introducido, el ministerio se compromete a realizar los pagos de manera total en 2025, a pesar de que aún no se han detallado los procedimientos necesarios para las solicitudes.
Con la nueva normativa, el Gobierno prevé la devolución de aproximadamente 4.936 millones de euros, considerando también las haciendas forales dentro del cómputo. Esta cuantía ya ha sido incorporada en los gastos presupuestarios de 2024, y la Agencia Tributaria, según el Gobierno, está en capacidad de ejecutar las devoluciones planificadas para el año siguiente.
El anuncio marca un punto de inflexión en una cuestión que ha generado un amplio debate social y político, subrayando la capacidad de las instituciones para adaptarse a las demandas ciudadanas y resarcir a aquellos afectados por normativas pasadas.
Fuente: Gestha
