El Ministerio de Sanidad, bajo la conducción de Mónica García, impulsa una serie de reformas legislativas en salud pública con una intensidad no vista en anteriores legislaturas. Tras aprobar la Agencia Estatal de Salud Pública, el equipo enfrenta ahora el desafío de llevar adelante cuatro leyes: la reforma de la ley del tabaco, la reducción del consumo de alcohol en menores, la ley del medicamento y el estatuto marco para sanitarios. Sin embargo, estas iniciativas tienen un futuro incierto debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno y las escasas garantías de consenso, a pesar de que varias propuestas cuentan con un respaldo técnico significativo.
La situación política, agravada por recientes casos de corrupción relacionados con el PSOE, complica la aprobación de leyes que, en otras circunstancias, podrían haber avanzado sin inconvenientes. La ley del alcohol en menores y la del tabaco son destacadas por sus beneficios en salud pública, pero enfrentan oposición política. La reforma del estatuto marco y la ley del medicamento también se topan con resistencias tanto de sindicatos médicos como de la industria farmacéutica. La falta de apoyo claro y las posiciones en contra de partidos como PP y Vox ponen en riesgo el progreso de estas políticas, que buscan modernizar y mejorar el sistema de salud español.
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