La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ha estado en el centro del debate público tras la polémica generada por las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien anticipó prematuramente el fin de la entidad. La afirmación de García se basó en un aparente desinterés de las aseguradoras principales, Adeslas, Asisa y DKV, para renovar su asociación con MUFACE, tras quedar desierta la licitación para el periodo 2025-2026. Esta situación llevó a considerar la posible desaparición de la mutualidad, que brindaría atención médica a sus 1,5 millones de afiliados, obligando a estos a recurrir exclusivamente a la sanidad pública. No obstante, el Gobierno, a través de Óscar López, Ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha reabierto las negociaciones con las aseguradoras, subrayando la importancia de mantener operativa a MUFACE.
MUFACE, fundada en 1975, no solo ofrece asistencia sanitaria nacional e internacional a sus afiliados, sino que también proporciona un amplio abanico de coberturas sociales. Estas incluyen desde ayudas por incapacidad, subsidios por riesgo durante el embarazo, hasta prestaciones relacionadas con la protección contra la violencia de género. Los beneficios médicos abarcan asistencia sanitaria complementaria, programas antitabaco y ayudas al copago farmacéutico. En cuanto a la jubilación, los mutualistas reciben un pago único al momento de su jubilación forzosa por edad o incapacidad permanente, complementado por una pensión adicional, siempre y cuando se pertenezca a ciertas mutualidades integradas. Con la intervención gubernamental y la probable reactivación de las negociaciones, la continuidad de estos servicios esenciales de MUFACE parece garantizada, al menos por el momento.
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