En un clima de creciente tensión política, la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica enfrenta serios desafíos que amenazan con retrasar el acuerdo. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha lanzado una advertencia sobre la necesidad de reformar varias leyes antes de ceder el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las comunidades autónomas, subrayando que se está avanzando hacia un modelo tributario federal.
Este mensaje llega en la víspera de una esperada reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. El propósito del encuentro es negociar la transferencia del IRPF a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) en 2026.
Gestha ha señalado que la transformación del sistema implicará cambios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como en otras normativas relacionadas con la cesión de tributos del Estado. La reforma también abarca la Ley de 2001, que ya había ampliado la capacidad normativa en la recaudación del IRPF, entre otros impuestos.
La complejidad de las negociaciones es mayor debido al ambiente político actual, que podría demorar un acuerdo con Cataluña. Gestha sugiere que sería más factible avanzar en un aumento de la capacidad normativa y en la gestión compartida del IRPF con las comunidades a partir de 2026.
Un aspecto crucial del acuerdo es definir qué entidad gestionará las retenciones, los pagos a cuenta en 2026 y las devoluciones de la Campaña de la Renta entre abril y junio de 2027. El IRPF representa un significativo 95,4% de la progresividad fiscal, contrastando con otros impuestos de menor impacto como el de Sucesiones y Donaciones.
El sindicato ha enfatizado que el avance hacia un modelo tributario federal es evidente, bajo el deseo de otorgar a las Comunidades Autónomas mayores capacidades normativas y de gestión del IRPF, así como en la gobernanza de inversiones públicas.
Con la potencial cesión en 2026, Cataluña podría pasar de gestionar 5.238 millones a administrar 27.590 millones del IRPF, pero también asumiría responsabilidades significativas, como devolver 2.737 millones a los contribuyentes catalanes y reintegrar parte de la cuota estatal al gobierno central.
Un obstáculo adicional es la dificultad en la transferencia de personal. La mayoría de los 6.359 empleados de la Agencia Tributaria Estatal en Cataluña podría resistirse a integrar la ATC. La posible cesión de algunos de los 2.049 técnicos de Hacienda podría generar altas demandas de movilidad, ya que muchos de ellos no tienen lazos en la región. Esto indica que, incluso si se ofrecen mayores retribuciones y mejoras en sus posiciones laborales, el atractivo podría no ser suficiente para facilitar la movilidad deseada.
Fuente: Gestha
