Madrid, 23 de junio de 2025 — Un incremento sustancial en la litigiosidad asociada a los procesos de contratación pública ha puesto en alerta a los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes advierten sobre un preocupante aumento del fraude y la corrupción. Según los últimos datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), las denuncias sobre contratos públicos llevan cuatro años consecutivos al alza, registrando un incremento del 18,2% en 2023, con un total de 221 denuncias.
Este panorama inquietante se desprende de la evaluación de cuatro indicadores clave: el crecimiento general de las denuncias, las irregularidades en las adjudicaciones, las prácticas corruptas y las cuestiones ligadas a la ejecución de contratos. El contrato de servicios emerge como el más vulnerable, acumulando el 64,3% de las denuncias. Le siguen los contratos de obras con un 18,1%, y los de suministro con un 9%.
Las denuncias por irregularidades en la adjudicación de contratos, que representan el 32,6% del total, han experimentado un aumento del 9,1%. En cuanto a las prácticas corruptas, que incluyen conflictos de interés y tráfico de influencias, se evidenció un crecimiento alarmante del 34,4%, sumando 43 denuncias.
Además, las gestiones sobre la ejecución de los contratos vieron un aumento superior al 40% en los últimos dos años, alcanzando 40 denuncias.
Sin embargo, a pesar del volumen de denuncias, Gestha advierte que solo un pequeño porcentaje culmina en acciones legales: menos de una de cada cinco. Del total de 957 denuncias registradas en los últimos seis años, solo 52 han sido remitidas a instancias judiciales o fiscales, destacándose la falta de personal en las agencias antifraude como una barrera significativa.
Los recursos administrativos contra decisiones de contratación también reflejan deficiencias. De los 4.615 recursos presentados, el 26,3% fue estimado completamente o en parte, aunque el 43,7% resultó desestimado.
Aunque las cifras de denuncias son mínimas en relación con el total de licitaciones —206.210 expedientes valorados en 113.091 millones de euros el pasado año—, se anticipa un incremento debido a las garantías legales introducidas por la Ley 2/2023. Esta legislación refuerza la protección para denunciantes y establece sanciones severas para las represalias, llegando a multas de hasta un millón de euros y prohibiciones para contratar con el sector público.
Fuente: Gestha
