Diversos estudios recientes han analizado las consecuencias que tendría para el sector de las aseguradoras el abandono del mutualismo de los funcionarios. Este movimiento, considerado como una amenaza latente hasta ahora, podría hacerse realidad con efectos significativos tanto para el mercado laboral como para el sistema de atención sanitaria. En concreto, se estima que alrededor de 13.000 puestos de trabajo estarían en riesgo, lo que representa un fuerte golpe para la estabilidad laboral dentro del sector asegurador. Este escenario pone de manifiesto no solo el impacto económico considerable, sino también la complejidad y dependencia que existe entre las aseguradoras y el sistema de mutualidades operante en la gestión de salud de los funcionarios.
Además del impacto laboral, el abandono podría desencadenar un replanteamiento estructural en los servicios de salud destinados a los funcionarios, quienes han dependido históricamente de este modelo mixto de aseguramiento privado-público. Las aseguradoras están evaluando profundamente sus opciones, ya que su retirada podría generar una reconfiguración del mercado que obligaría al sistema público de salud a absorber una mayor carga de usuarios, con las consecuentes tensiones en la gestión de recursos. Esta potencial retirada pone en evidencia la necesidad de buscar soluciones dialogadas que permitan una transición ordenada y equitativa, evitando así un descalabro en el equilibrio alcanzado entre el sector público y privado.
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