El Gobierno ha dado a conocer un cambio significativo en la política de jubilación anticipada, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Este ajuste modifica la edad mínima para jubilarse antes de tiempo, afectando a aquellos trabajadores que no cumplan con los años de cotización requeridos para la jubilación ordinaria.
Bajo la nueva normativa, los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses deberán esperar hasta los 64 años y 10 meses para optar por la jubilación anticipada, en lugar de los 64 años y 8 meses que se requerían anteriormente. Para quienes superen este umbral de cotización, la posibilidad de retirarse a los 63 años se mantendrá igual que antes.
Aunque el cambio puede parecer sutil, representa importantes repercusiones financieras para los trabajadores. La reforma de pensiones reciente intensifica el impacto de esta medida al calcular los recortes a la pensión de manera mensual, en lugar de anual. Esto implica que cada mes de jubilación anticipada tendrá un efecto directo significativo en la reducción de la pensión.
Por ejemplo, un trabajador que opte por jubilarse dos años antes de la edad legal podría enfrentar una reducción de hasta el 21% en su pensión. Estas modificaciones buscan incentivar un alargamiento de la vida laboral, poniendo a los trabajadores ante la decisión de aceptar una pensión más baja por retirarse antes, o seguir trabajando para asegurar mayores beneficios.
Además, se mantienen los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, que exigen un mínimo de 35 años de cotización, con al menos 2 años dentro de los últimos 15 antes de la jubilación. Estas políticas reflejan un esfuerzo gubernamental por adaptar el sistema de pensiones a la actual realidad demográfica y económica, alentando a los trabajadores a prolongar su permanencia en el mercado laboral para aliviar la carga sobre el sistema de pensiones.
