Los técnicos del Ministerio de Hacienda, conocidos como Gestha, han lanzado una serie de propuestas para fortalecer la lucha contra el fraude y la corrupción en España. En un esfuerzo por mejorar la transparencia y la integridad en la administración pública, Gestha ha pedido la creación de agencias antifraude con capacidades investigativas en varias comunidades autónomas, así como en municipios de más de 200,000 habitantes.
La propuesta abarca regiones como Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y País Vasco. Los técnicos insisten en la necesidad de dotar a estas agencias de personal y recursos suficientes. Además, destacan la importancia de revitalizar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, eliminada recientemente, y sugieren la creación de oficinas locales en ciudades como València, Zaragoza y Sevilla.
Gestha también ha delineado un conjunto de 25 medidas para mitigar el riesgo de fraude en la contratación pública, destacando el preocupante incremento del 18% en las denuncias por este tipo de prácticas. Entre sus recomendaciones, resaltan la necesidad de clarificar las funciones y responsabilidades en los distintos niveles de intervención gubernamental y el refuerzo de los procesos de control interno.
Además de sugerir un incremento del personal técnico en organismos clave como la Agencia Tributaria y la IGAE, los técnicos han abogado por la unificación de criterios a nivel nacional mediante una Estrategia Nacional de Antifraude. Esta estrategia incluiría el establecimiento de un sistema de alertas rápidas para identificar y abordar el fraude en sus etapas iniciales, asegurando la protección de los denunciantes.
En el ámbito legal, Gestha propone una revisión de las normativas sobre financiación de partidos políticos y transparencia patrimonial de los representantes públicos, sugiriendo sanciones para quienes no cumplan con las regulaciones de manera adecuada. Al mismo tiempo, enfatizan la necesidad de un compromiso más firme con las leyes de transparencia, sugiriendo restricciones en la posibilidad de que las administraciones interpongan recursos contra decisiones del Consejo de Transparencia.
Finalmente, Gestha pide publicar anualmente un listado de personas condenadas por corrupción, cubriendo delitos que van desde la financiación ilegal hasta la prevaricación y el blanqueo de capitales. Estas medidas, sostienen, son cruciales para restaurar la confianza en el sistema y fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
Fuente: Gestha
