La Cámara de Diputados de Chile ha dado un paso significativo al aprobar una serie de reformas a la Ley de Migraciones, en un esfuerzo por endurecer las normas que regulan la presencia de extranjeros en el país. Estas reformas, promovidas por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, apuntan principalmente a incrementar las medidas de seguridad y control sobre la población migrante, en un contexto donde ésta representa alrededor del 8% de los ciudadanos del país. Entre las modificaciones más destacadas se encuentran el uso de datos biométricos para el registro de extranjeros y la ampliación de causales de expulsión para aquellos involucrados en delitos graves como violencia intrafamiliar y tráfico de armas. Asimismo, se ha propuesto aumentar de cinco a 10 años el periodo de residencia necesario para optar por la nacionalización chilena, junto con la eliminación de la modalidad de nacionalización calificada, exceptuando a ciertos deportistas.
Este proyecto, que ahora se dirige al Senado para su segundo trámite legislativo, ha surgido en respuesta a la creciente presencia de migrantes, con una comunidad venezolana significativa debido a la crisis en su país de origen. Además, la iniciativa plantea restricciones al acceso de migrantes irregulares a ciertos derechos sociales, lo que ha generado disenso dentro del oficialismo. Los cambios incluyen el enrolamiento obligatorio de estudiantes en situación irregular en los centros educativos y restricciones en el ámbito de la vivienda. Otra medida importante es el aumento de las sanciones para aquellos que faciliten el ingreso o el traslado de personas de forma ilegal. Estas profundas modificaciones reflejan un interés por reforzar los controles migratorios, aunque enfrentan la oposición de algunos sectores en el escenario político chileno.
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