La investigación de la juez Beatriz Biedma sobre el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destapado una serie de irregularidades fiscales que hasta ahora habían pasado desapercibidas. Según las declaraciones patrimoniales de David Sánchez, Hacienda no ha realizado ninguna inspección a pesar de que no presenta su IRPF desde 2021, alegando «no estar obligado» y pretendiendo ser residente fiscal en Portugal, mientras recibe un salario de la Diputación de Badajoz.
David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, ha percibido 261.154,6 euros entre julio de 2017 y diciembre de 2023 y ha visto como su patrimonio se ha incrementado en 1,7 millones de euros, pasando de 272.536,31 euros a al menos 2 millones, con un salario anual de entre 48.000 y 55.500 euros. Este súbito enriquecimiento no ha llamado la atención de la Agencia Tributaria (AEAT), encargada de vigilar los incrementos patrimoniales no justificados y los cambios de residencia fiscal simulados.
Dicha situación ha sido objeto de denuncia por parte del sindicato Manos Limpias, cuya querella ha sido admitida a trámite el pasado lunes. La juez de Instrucción número 3 de Badajoz ha reclamado las declaraciones tributarias de Sánchez de los últimos cinco años y ha solicitado que se determine si hay algún indicio de delito fiscal. Además, se indagará si el aumento de su patrimonio podría responder a causas distintas a sus ingresos salariales.
La investigación se centra en esclarecer, además de sus declaraciones de IRPF, si Sánchez ha realizado alguna elusión fiscal o blanqueo de capitales. La magistrada también ha pedido aclarar la residencia fiscal de Sánchez, ya que podría estar simulando residir en Portugal mientras trabaja para una entidad pública española, lo que sería incompatible con su condición de funcionario público.
Uno de los puntos álgidos de la investigación apunta a unas transacciones financieras sospechosas: el pago al contado de un palacete en Portugal por 240.000 euros mediante cheques de BBVA y la posesión de 1,4 millones en acciones del mismo banco. Estos montos no se han detraído de los seus bienes declarados ni de ningún tipo de herencia, lo que genera sospechas adicionales.
El caso ha cobrado una nueva dimensión con la implicación de altos cargos de la Diputación de Badajoz, como Miguel Ángel Gallardo y Alejandro Cardenal, además de la propia AEAT, que debe ahora colaborar en la investigación judicial. Esta administración, recientemente reformada con nombramientos de inspectores afines al PSOE, está bajo la lupa por posibles omisiones en la vigilancia del patrimonio de Sánchez y otros casos sonados como la trama Koldo.
Recientemente, varios responsables de la AEAT fueron cesados tras la publicación de un informe detallando las relaciones de la trama Koldo con el gobierno de Pedro Sánchez y figuras del entorno. En su lugar, se ha nombrado a inspectores como Carlos Cervantes y Manuel Trillo, quienes se señalan por su afinidad a anteriores gobiernos del PSOE y su gestión polémica de casos como la lista Falciani.
Este escándalo podría marcar un punto de inflexión en el control fiscal y la transparencia en la administración pública española, poniendo a prueba la eficacia y la imparcialidad de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley. Con la participación activa de partidos como Vox y el sindicato Manos Limpias, la investigación promete mantener en vilo al país en los próximos meses, a medida que se esclarezcan los detalles de los procedimientos fiscales y administrativos del hermano del presidente del Gobierno.
Fuente: Gestha
