El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha adoptado nuevas medidas para reforzar la atención a los ciudadanos en el ámbito de la salud, enfocándose en su seguridad jurídica y protección. Este esfuerzo también contempla las necesidades de los profesionales involucrados en estos servicios, según el nuevo Decreto sobre el régimen jurídico y procedimientos de autorización y registro de centros y servicios sanitarios.
La normativa establece requisitos mínimos para la práctica de la telemedicina en disciplinas como la psicología y la fisioterapia. Además, introduce un control más estricto sobre la publicidad sanitaria, exigiendo que esta cumpla con criterios éticos y deontológicos para impedir la difusión de mensajes engañosos, carentes de base científica o que empleen prácticas comerciales inapropiadas, como ciertos tipos de descuentos.
El proyecto del Decreto también especifica el procedimiento para los programas de garantía de calidad relacionados con radiaciones ionizantes, como las producidas por equipos de rayos X. Asimismo, detalla los servicios complementarios que pueden ofrecerse en clínicas dentales y de estética.
Las nuevas disposiciones mejoran los regímenes jurídicos y los procedimientos de registro o autorización, extendiendo su vigencia de 8 a 10 años. Esto se acompaña de una reducción de los plazos administrativos para abrir complejos sanitarios, públicos o privados, y disminuye en un 40% la documentación requerida a los solicitantes.
Un aspecto destacado del Decreto es su alineación con la normativa de la Unión Europea. La Comunidad de Madrid actualiza la legislación autonómica de 2003, que fue modificada en 2018 y 2023, adaptándola a estándares nacionales y europeos. Este esfuerzo también se extiende a universidades y empresas mediante el procedimiento de declaración responsable para facilitar la realización de estas actividades.
La implementación de estas medidas apunta a garantizar un marco más seguro y eficiente para la prestación de servicios sanitarios, promoviendo una atención de calidad y protegiendo los derechos de los ciudadanos madrileños.
