Plena inclusión España denunció hoy que la reforma de la legislación civil y procesal sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad ha resultado en algunos retrocesos en el acceso a beneficios tributarios, servicios bancarios y actos jurídicos. Esta denuncia se basa en un informe jurídico presentado en Madrid por la entidad Gentium, que señala cómo la Ley 8/2021, destinada a reconocer el pleno derecho de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a efectuar actos jurídicos, ha generado ciertos retrocesos en la práctica, afectando negativamente los derechos adquiridos de este colectivo.
El informe alerta de consecuencias específicas como la pérdida de beneficios fiscales, retirada de prestaciones de la Seguridad Social, dificultades para acceder a productos bancarios, y problemas en el ámbito laboral y jurídico, incluyendo la asistencia jurídica gratuita. La presentación del informe en la sede del Consejo General de la Abogacía contó con la participación de destacados juristas y defensores de los derechos de las personas con discapacidad, quienes subrayaron la importancia de este documento para guiar a los profesionales del derecho en su labor de defensa y asesoramiento, con el objetivo de prevenir situaciones de indefensión y proteger los derechos de este vulnerable colectivo.
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