Los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en Gestha, han presentado una ambiciosa propuesta para modificar la normativa de financiación de los partidos políticos y mejorar la transparencia del patrimonio de los representantes públicos. Con estas medidas, buscan erradicar la corrupción y los escándalos financieros en la política.
Esta iniciativa surge tras un alarmante incremento del 18% en las denuncias por prácticas ilícitas, según los indicadores seleccionados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). Gestha resalta la necesidad de un «mayor compromiso» de las administraciones públicas con las leyes de Transparencia, lo que conllevaría la limitación de las causas de denegación de información y la prohibición de recursos contra resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en circunstancias excepcionales.
La organización sugiere también la publicación anual de un listado de personas condenadas por corrupción, y plantea endurecer las consecuencias legales por incumplimiento de la normativa de financiación y patrimonio. Proponen descentralizar el poder de decisión en la contratación a través de órganos colegiados.
En el ámbito organizativo, Gestha aboga por una clara asignación de funciones para garantizar un control efectivo por parte de la Intervención General del Estado (IGAE) y otros organismos autonómicos y locales. Además, piden reforzar las plantillas de la IGAE y la Agencia Tributaria hasta alcanzar la media europea, citando un déficit de técnicos para una supervisión adecuada.
Los técnicos señalan la importancia de revitalizar y crear agencias antifraude en varias comunidades y ciudades, incluyendo un impulso a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares. También solicitan la creación de oficinas antifraude locales para municipios con más de 200.000 habitantes, promoviendo una colaboración efectiva entre estas entidades y el Tribunal de Cuentas.
Finalmente, Gestha insta a aprobar una Estrategia Nacional de Antifraude con criterios coordinados y propone establecer un Sistema de Alertas Rápidas para identificar fraudes en etapas tempranas. Esto aseguraría la protección de los denunciantes, especialmente aquellos con vínculos laborales con las entidades investigadas, reforzando así el combate contra la corrupción a todos los niveles de la administración pública.
Fuente: Gestha
