El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy ha llevado a cabo este jueves un significativo encuentro con los gobiernos autonómicos para presentar y discutir las reformas propuestas en las leyes de Dependencia y Discapacidad. Estas reformas, según el ministro, buscan fomentar la autonomía y personalización de los cuidados, permitiendo que las personas puedan elegir permanecer en sus hogares y tengan mayor control sobre los servicios que reciben.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha sido escenario de consenso, al destacar las medidas en torno a la teleasistencia como un derecho subjetivo, universalizando este servicio clave para prevenir la institucionalización y apoyar la permanencia en el hogar. Además, se busca simplificar los trámites administrativos y establecer procedimientos urgentes para situaciones vulnerables como enfermedades neurodegenerativas o violencia de género.
En el ámbito de la Discapacidad, el anteproyecto simplifica los procesos burocráticos, equiparando una discapacidad del 33% a situaciones de dependencia oficialmente reconocidas. Entre los derechos fundamentales que se reconocen, destaca la prohibición de discriminación en seguros de salud y vida, así como medidas para asegurar la accesibilidad universal, modificando incluso la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar obras de accesibilidad en comunidades de vecinos.
Financiar el sistema de Dependencia es otra prioridad. En 2024 se aprobó una aportación récord de 3.411 millones de euros, triplicando lo asignado en 2014. Este esfuerzo busca consolidar un sistema eficaz con tiempos de espera reducidos, y se apoya, además, en fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destinan 1.500 millones para transformar residencias y 367 millones para impulsar la teleasistencia en 2025 y 2026.
Un reto destacado en el Consejo Territorial ha sido el déficit de trabajadoras en el Sistema de Dependencia. Bustinduy ha subrayado la importancia de incorporar nuevo personal y trabajar en conjunto con las comunidades autónomas para abordar este desafío. Además, se discutió el reparto de fondos para servicios sociales y se anunció la próxima reunión del Consejo Estatal del Voluntariado en Navarra.
La reforma responde al mandato constitucional tras la reforma del Artículo 49, promoviendo políticas de accesibilidad, además de satisfacer demandas sociales post-pandemia para cuidados de proximidad. Con el esfuerzo económico y legislativo actual, se busca establecer una relación más directa y eficaz entre los ciudadanos y los servicios sociales, garantizando derechos y mejorando la calidad de vida de personas dependientes y con discapacidad en toda España.
Fuente: Ministerio de Consumo
