El Gobierno ha dado un paso significativo al aprobar un proyecto de ley destinado a reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que marcaría un cambio estructural en la forma en la que se llevan a cabo las investigaciones penales en España. Entre las principales modificaciones, destaca la atribución de la responsabilidad de la investigación penal a los fiscales, un cambio que busca agilizar los procesos judiciales, así como la limitación de la acción de la acusación popular, lo que ha generado un debate intenso sobre su impacto en el acceso a la justicia.
A pesar de la aprobación inicial, el proyecto debe ahora ser ratificado por el parlamento, donde su futuro se presenta incierto. La coalición Sumar ha manifestado su oposición a la propuesta, especialmente en lo que respecta a la restricción de la acusación popular, lo que podría complicar la búsqueda de los apoyos necesarios para que la iniciativa avance. La discusión en el parlamento se anticipa intensa, dado el calibre de las reformas propuestas y su potencial repercusión en el sistema judicial español.
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